Google se enfrenta a una demanda colectiva por supuesta fijación de precios

Los casos antimonopolio fueron presentados por los estados de Alabama, Georgia, Hawai, Illinois, Kansas, Maine, Michigan, Ohio, Pensilvania, Carolina del Sur, Wisconsin y Wyoming, así como Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

En 2021, los fiscales generales de varias regiones alegaron que Google utilizó su poder de monopolio y la amenaza de acciones legales para coaccionar a las personas a comprar aplicaciones a precios “artificialmente inflados”. Estas personas podrían haber comprado las mismas aplicaciones en otro lugar por un precio inferior. Las acusaciones tienen todas las características de la fijación de precios, que se produce cuando una empresa “controla la oferta y la demanda para mantener un precio determinado.”

A raíz de estos movimientos, numerosos clientes que ya estaban inmersos en litigios individuales similares decidieron solicitar la condición de demanda colectiva.

Google sostuvo que no todos los demandantes en los pleitos individuales podían demostrar que habían resultado perjudicados. El equipo jurídico argumentó que los demandantes no perjudicados podrían unirse a la demanda colectiva. En su defensa, los demandantes alegaron que las prácticas comerciales de Google hicieron subir los precios para “todos” los desarrolladores.

El juez James Donato, del Tribunal de Distrito de EE.UU, llegó el lunes a la conclusión de que la participación de partes no perjudicadas en una demanda colectiva no altera su reconocimiento como tal.

“Google espera que cada participante de la clase establezca un perjuicio”, explicó Donato además, es posible que no se acredite una clase si hay mucha gente sana en ella, Google no ha indicado que haya ningún problema.

Como era de esperar, Google se mostró descontento con la decisión de Donato. Un portavoz del equipo legal compartió que ahora están considerando sus opciones.

Una parte importante del juicio se centró en las técnicas de fijación de precios de las tiendas de aplicaciones. El testigo demandante Hal Singer declaró que la política de Google de disuadir a los clientes de hacer uso de tiendas alternativas hizo que los desarrolladores de software aumentaran los precios “de forma generalizada” en Google Play. Los desarrolladores de aplicaciones declararon que reducirían sus precios si Google reducía su tarifa.

Según Michelle Burtis, de Google, Singer utilizó metodologías “no estándar” para calcular las “tasas de transferencia”. Afirmó que Singer no presentó ninguna prueba real sobre cómo afectaban las tasas de Google a los precios de los productos de los desarrolladores. Presentó una moción al tribunal pidiendo que se excluyera el testimonio de Singer.

Donato dictaminó que no

Según lo que escribió Donato, el Tribunal no determina los hechos, sino que actúa como guardián. “El tribunal “rechazará la ciencia basura” que no cumpla los requisitos de fiabilidad señalados en la Regla Federal de Pruebas 702 decidiendo que el testimonio prestado por el experto es fiable. Cualquier objeción adicional será objeto de contrainterrogatorio, no de expulsión del debate.”

En el juicio, la credibilidad y la metodología de Singer, o la falta de ellas, deben someterse a un contrainterrogatorio. Donato puede excluir un testimonio engañoso. Dijo que el hecho de que el testigo de Google no hubiera visto nunca el método de Singer no lo refuta.

El juez declaró que no es “sorprendente” porque las técnicas utilizadas para los peritajes son nuevas y no han sido evaluadas.

La primera vista está prevista para junio de 2023, suponiendo que se produzca algún retraso. Existe la posibilidad de que Google pierda 4.700 millones de dólares en los tribunales